El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de 2020  de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, introduce en su artículo 43 una serie de medidas que tienen incidencia en el ámbito concursal.

Con el fin de explicar las especialidades introducidas en dicha norma, es necesario explicar que hay dos tipos de concursos:

  • Concurso Voluntario: Es aquel que se produce a instancias del propio deudor, de conformidad con el artículo 5 de la Ley concursal «El deudor deberá solicitar la declaración de concurso
    dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia». Con carácter general, en este tipo de concurso el deudor mantiene las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad.
  • Concurso Necesario: Es aquel que se produce a instancias de los acreedores u otros interesados. En esta modalidad y con carácter general se suspenderá el ejercicio por el deudor de las facultades de administración y disposición, siendo sustituido por los administradores concursales.

 

De esta manera el artículo 43 del RD-L 8/2020 establece que mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. De esta manera se da prioridad a dicha modalidad concursal, estableciendo a continuación que hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

Por otra parte establece también que tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio (Ley Concursal).